El curso: metodología
El curso fue organizado y liderado por la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas con VIH (RedLAC+), y se llevó a cabo durante 10 semanas en 12 países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela. Este último, a pesar de no ser un país en el que el proyecto ALEP+PC interviene, fue considerado por la grave situación de derechos que enfrenta.
Se contó con una plataforma virtual interactiva que centralizó materiales educativos, evaluaciones y actividades complementarias que incluyeron diapositivas, guías y recursos interactivos adaptados a las necesidades de cada país. Esto además fue complementado con el trabajo de las personas facilitadoras de enlace, seleccionadas en cada país para acompañar el proceso formativo y brindar apoyo logístico.
Durante el curso se siguieron cuatro ejes metodológicos: (i) actividades de percepción creativa, orientadas a activar los conocimientos previos mediante el uso de dinámicas participativas y recursos visuales, (ii) presentación de contenidos, orientada a introducir y afianzar conceptos clave mediante la combinación de actividades sincrónicas y asincrónicas, (iii) actividades de interiorización crítica, orientadas al análisis crítico, la conceptualización, relacionamiento, comparación y representación mediante el análisis de casos y las discusiones guiadas, (iv) actividades de expresión creadora, orientadas a la aplicación del conocimiento mediante la redacción de demandas, revisión de sentencias y elaboración de textos comunicacionales.
El curso: resultados
Postularon 331 activistas de los derechos humanos de las personas con VIH y de las poblaciones clave en los 12 países mencionados. De este total, y tras la evaluación de sus candidaturas con base en los criterios de selección, quedaron seleccionadas 299 personas participantes.
Luego de la aplicación de las dos evaluaciones contempladas en el curso, así como de criterios de asistencia y participación, se logró certificar a 125 personas, las cuales afianzaron sus conocimientos y estrategias de protección de derechos, y quedaron fortalecidas en sus competencias para incidir en reformas legales y políticas relacionadas con el VIH y los derechos humanos.
Un logro del curso, por demás relevante, ha sido que el proceso no sólo ha significado un impacto en términos de aprendizajes, sino que ha motivando el inicio de acciones constitucionales en diversos países.
Así, por ejemplo, en Panamá, Costa Rica y El Salvador propusieron desde el trabajo de las organizaciones de sociedad civil impulsar una visita in loco (o visita in situ), que es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que sus integrantes se trasladan a un país para monitorear la situación de derechos humanos y recabar información de primera mano de cómo los Estados cumplen sus obligaciones internacionales.
En el caso de Bolivia, el curso ha impulsado aún más la incidencia política de las organizaciones de personas con VIH y de las poblaciones clave, por lo que al finalizar el entrenamiento se ha llegado al compromiso de iniciar a través de la Defensoría del Pueblo una acción de inconstitucionalidad contra la ley de VIH que penaliza, hasta con 13 años de prisión, la transmisión del VIH.
En Costa Rica, donde la ley de VIH y el Código Penal sancionan la transmisión del VIH con prisión, se acordó, además de promover una visita in loco, iniciar las acciones de incidencia hacia la Asamblea Nacional para reformar estas normas y demostrar su inconstitucionalidad e inconvencionalidad, al vulnerar los derechos humanos y contravenir los tratados internacionales.
Por su parte, en El Salvador se coordinó y se estableció la ruta y cómo dirigir los objetivos para una reforma de ley que contemple los derechos constitucionales y los principios fundamentales de los derechos humanos. Esto se ejecutará en el marco de uno de los mini grants otorgados por el proyecto ALEP+PC en dicho país para la reforma legislativa.
En Perú, en donde ya se inició un proceso orientado a obtener una nueva Ley de VIH (o actualizarla), uno de los cambios debe ser eliminar la obligatoriedad del test de VIH para las personas gestantes, y, en general, alinear la norma a los principios y estándares internacionales. Este proceso se está impulsado a partir del mini grant otorgado por el proyecto ALEP+PC sobre reforma de la ley de VIH, y en sinergia con las acciones orientadas al mismo fin que se están desarrollando en la subvención nacional del Fondo Mundial.
Finalmente, en Ecuador las personas participantes del curso de este país acordaron sumar esfuerzos para una acción de inconstitucionalidad y reforma de ley, en coordinación con la implementación del mini grant otorgado por el proyecto ALEP+PC para ese objetivo, en donde se trabaja para conseguir una ley que cumpla con la garantía de los derechos humanos de las personas con VIH y de las poblaciones clave.
Webinar de cierre del curso
El 7 de noviembre de 2024 se realizó un webinar de cierre del proceso formativo. En la reunión, Fausto Vargas, consultor que lideró la implementación del curso, indicó que los liderazgos comunitarios tienen el compromiso de continuar trabajando en la exigibilidad de los derechos humanos. También mencionó pendientes en la región, como la ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, proceso culminado sólo por México, Uruguay y Ecuador.
Por su parte Guillermo Márquez, asesor comunitario de ONUSIDA Latam, reiteró el compromiso de la organización con las comunidades y el acceso a la justicia, dentro de un contexto político y social complejo que se vive en la región, con amenazas de los conservadurismos, pero con avances como la Alianza Mundial para Erradicar Todas las Formas de Estigma y Discriminación Relacionadas con el VIH, a la cual ya varios Estados se han adherido.
En su oportunidad, Carlos Benites, representante del CGTH, felicitó a la sociedad civil por el nivel que está alcanzando en la contribución a la respuesta al VIH. Recordó que la Declaración de Lima (2022) es la hoja de ruta que siguen para alcanzar marcos legales y sociales que no penalicen ni criminalicen a las personas con VIH.
Laura Sánchez, oficial de HIVOS para el proyecto ALEP+PC, comentó que el curso de alfabetización jurídica se complementa con otras iniciativas y estrategias del proyecto, como el litigio estratégico, la generación de conocimiento a través de estudios y el monitoreo liderado por la comunidad. Ella sostuvo que todo ello apunta a que las comunidades tengas las capacidades para usar estratégicamente estas herramientas en la promoción y protección de sus derechos.
Finalmente, Fernando Cisneros, oficial de monitoreo de la RedLAC+ a cargo del proceso de alfabetización jurídica, destacó que se han trabajado en rutas para enfrentar la criminalización a las personas con VIH y de las poblaciones clave, y que al término del curso se han conformado grupos impulsores en cada país para avanzar en esas rutas.
