¿Hasta qué punto las personas que usan drogas y con VIH (PvUD) pueden ejercer sus derechos en América Latina? El Estudio Regional sobre el derecho a la no discriminación, el derecho a la salud y el derecho a no sufrir detención y prisión arbitraria de personas que usan drogas en 10 países de América Latina, liderado por LANPUD, en colaboración con el Proyecto ALEP+PC, está arrojando luz sobre esta realidad compleja. Desde la criminalización del consumo de drogas hasta barreras en el acceso a servicios de salud integral, la región presenta un panorama complejo donde la inequidad y la discriminación son constantes. En un esfuerzo por visibilizar estas realidades, lo que hemos descubierto hasta ahora revela las disparidades persistentes y avanza en la identificación de políticas públicas que deben ser reformadas para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de esta población vulnerable.
El acceso pleno a los derechos fundamentales de las PvUD está lejos de ser una realidad en muchos países de la región. Este estudio, que aún está en curso, ofrece un primer vistazo a las barreras y avances en tres derechos clave: el derecho a la no discriminación, el derecho a la salud y el derecho a no sufrir detención o encarcelamiento arbitrario.
Derecho a la salud
En todos los países, las PvUD enfrentan obstáculos significativos para acceder a tratamientos esenciales como TARV, PrEP y PEP. La falta de programas integrales de reducción de daños, prevención de sobredosis y apoyo al uso de sustancias seguras deja a las PvUD en una posición de vulnerabilidad extrema. Las barreras estructurales, la falta de conciencia y la estigmatización en el sistema de salud son comunes en países como Nicaragua, donde las restricciones en los servicios públicos limitan el acceso equitativo a estos tratamientos. En El Salvador, la criminalización del consumo de drogas agrava esta situación, resultando en detenciones arbitrarias y un acceso limitado a los servicios de salud necesarios para prevenir y tratar el VIH. En Bolivia y Costa Rica, aunque existe un marco normativo más robusto, los desafíos en la práctica persisten debido a la falta de programas específicos y recursos para atender las necesidades de la población.
Derecho a la no discriminación
El estudio revela que, a pesar de los avances en la ratificación de tratados internacionales y la implementación de leyes nacionales como la Ley General sobre VIH/SIDA en Costa Rica, las PvUD siguen enfrentando discriminación en contextos laborales, institucionales y comunitarios. La falta de claridad en las normativas y la ausencia de programas educativos eficaces para combatir el estigma y la discriminación afectan directamente la vida de las PvUD. En Nicaragua, la legislación vigente no menciona explícitamente las necesidades de las PvUD, lo que deja un vacío legal que se traduce en prácticas discriminatorias en múltiples escenarios. En El Salvador, la criminalización del consumo de drogas perpetúa un círculo vicioso de estigmatización y exclusión, limitando las oportunidades laborales y sociales de las personas afectadas. Bolivia y Costa Rica, aunque presentan marcos normativos que protegen contra la discriminación, carecen de mecanismos efectivos para garantizar la aplicación y vigilancia de estas protecciones en la práctica.
Derecho a no ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrario
En términos de protección frente al encarcelamiento arbitrario, el estudio muestra cómo las normativas y mecanismos como el recurso de amparo y el hábeas corpus en países como Costa Rica son insuficientes para proteger a las PvUD de abusos de autoridad. En Nicaragua, la criminalización del consumo de drogas y la falta de umbrales claros para el uso personal llevan a detenciones arbitrarias, afectando la capacidad de las PvUD para acceder a servicios de salud y su derecho a la libertad. El Salvador enfrenta un problema similar con la legislación que no contempla las necesidades de las PvUD, resultando en un riesgo mayor de encarcelamiento para esta población. En Bolivia, aunque existe una protección legal contra la detención arbitraria, la práctica muestra vacíos en la implementación efectiva que aumentan el riesgo de abuso policial y judicial. Costa Rica, a pesar de contar con un marco legal robusto, presenta desafíos en la práctica para proteger adecuadamente a las PvUD de detenciones arbitrarias, debido a la falta de un enfoque integral en la implementación de las políticas de salud y justicia.
Conclusión
Lo que hemos descubierto hasta ahora es solo un ápice del estudio completo que aún continúa desarrollándose bajo el liderazgo de LANPUD. Este estudio no solo busca evidenciar las barreras que enfrentan las PvUD, sino también generar propuestas concretas para reformar las políticas públicas, garantizar la justicia social y construir un futuro más inclusivo y equitativo en América Latina.
A pesar de los avances normativos, las barreras estructurales, la falta de programas específicos y la discriminación persistente siguen limitando el acceso a servicios de salud fundamentales y la protección contra la criminalización injusta. Es esencial que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil trabajen de manera conjunta para promover reformas significativas que garanticen el acceso equitativo a derechos fundamentales para las PvUD. Juntos podemos crear un entorno donde todas las personas, sin importar su uso de drogas o su estado de salud, vivan libres de discriminación y disfruten de una atención sanitaria integral y sin barreras.
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