La falta de una respuesta estatal eficaz e integral condena nuevamente a las niñas a la revictimización.
Dos años después de las sentencias, el sistema las sigue abandonando.
Antecedentes
En el distrito de Ventanilla (Callao), dos hermanas menores de edad fueron víctimas de violación sexual por parte de quien fuera su padrastro, Juan Carlos Saavedra Jaimes, quien las violentaba sistemáticamente aprovechando la ausencia de su madre. Tras dos años de abusos, las niñas fueron rescatadas por su tía, Cynthia Llacsa, quien las llevó al hospital Arzobispo Loayza (Lima) debido a su grave estado de salud.
Es allí donde fueron diagnosticadas con VIH y gracias a la atención médica lograron acceder al tratamiento antirretroviral (TAR) y ser acogidas posteriormente por la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas con VIH (RedLAC+), desde donde se denunció el caso. Esta acción permitió la doble sentencia de cadena perpetua para el agresor.
Situación de las menores
A pesar de que han pasado casi dos años desde que el Poder Judicial de Perú emitió las sentencias y la orden de reparación integral, las dos niñas siguen sin recibir la indemnización ni atención adecuada.
Ellas enfrentan el abandono del sistema estatal, sin acceso a una atención en salud mental especializada y acorde con su situación de vulnerabilidad. El servicio psicológico que reciben es el previsto de manera regular para las personas usuarias del servicio de infectología. Sin embargo, su afectación requiere que se les brinde un servicio profesional y especializado que maneje la complejidad del vínculo entre el abuso sexual y vivir con VIH.
Por otro lado, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) rechazó su acogida aduciendo que no cuentan con especialidades para atender a menores con VIH. Esta decisión refleja un acto de discriminación flagrante, ya que las niñas han logrado controlar la carga viral gracias a la medicación, a pesar no ser la más idónea pues no es pediátrica.
La tía, quien inicialmente las acogió, enfrenta ahora amenazas de la familia del condenado y un proceso penal por otro caso de violencia sexual contra su propia hija. Llacsa, temiendo por su vida, ha señalado: “Me dijo que tiene una bala con mi nombre“. Aunque ha demostrado valentía al cuidar de sus sobrinas, la desprotección estatal la obliga a buscar soluciones que aseguren el bienestar de las niñas.
La situación de una de las menores es especialmente alarmante: su salud mental está gravemente afectada, y la discriminación que enfrenta en la escuela la ha colocado en una situación de vulnerabilidad extrema. La menor ha sido rechazada por sus compañeros, quienes se niegan a trabajar con ella debido a su diagnóstico, lo que ha impactado negativamente su rendimiento académico y su bienestar emocional, atentando incluso contra su integridad.
Esta realidad deja claro que la situación de las niñas es mucho más que una cuestión de atención médica, es una cuestión de derechos, de protección integral y de una respuesta inmediata por parte del Estado peruano para evitar que su dolor siga siendo invisibilizado.
Demandas contra el Estado
Frente a esta situación, la RedLAC+, con el objetivo de movilizar a la opinión publica y a las autoridades para que este caso no quede en el olvido, realizó una conferencia de prensa el 6 de diciembre de 2024, en donde denunció que la inacción estatal perpetúa un ciclo de abandono y revictimización, y que la falta de políticas públicas eficaces para atender a niñas y niños afectados por violencia sexual y que viven con VIH refleja una crisis estructural que exige una respuesta inmediata.
En ese sentido, Guiselly Flores, secretaria regional de la RedLAC+, anunció que la organización ha presentado dos demandas: una al Estado peruano por el delito de omisión impropia, por no cumplir con su responsabilidad de protección y reparación integral, y otra por la colocación familiar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), buscando que las niñas sean acogidas en un entorno adecuado que garantice su bienestar.
Sobre lo último, precisó que se busca atención del Inabif para las niñas, ya que ellas son víctimas de bullying en la escuela, en su entorno, y hasta de familiares. Cynthia, la tía que las acoge, es víctima de constantes amenazas y no cuenta con garantías ni condiciones para continuar sosteniendo a las dos menores y a la tercera hermana de estas.
Flores denunció que “No puede ser que solo reciban una visita psicológica al mes. Esto es la punta del iceberg de los cientos de niños y niñas con VIH en el país. Estas niñas, además, han sufrido bullying en el colegio y maltrato por parte del propio Estado que no las protege. Es inaceptable que el sistema permita esta revictimización al no garantizar un tratamiento adecuado ni un entorno seguro para ellas.”
Asimismo, la secretaria regional de la RedLAC+ subrayó que este no es un caso aislado, sino parte de un contexto más amplio de violencia estatal, mencionando las recientes denuncias de violación e infección por VIH a niñas y niños en la provincia amazónica de Condorcanqui, crímenes cometidos por el propio Estado, pues se trataría presuntamente de docentes y policías.
Congreso en deuda con las niñas de Perú
La congresista Ruth Luque, quien se hizo presente en la conferencia de prensa de este caso emblemático, destacó que “Es inadmisible que tengamos que recurrir a demandas para que el Estado actúe. Presentaremos una mesa de trabajo con los ministerios de Mujer, Salud, Justicia y la Fiscalía para exigir protocolos claros y una atención integral para estas niñas y otras en situaciones similares. Este caso debe convertirse en un emblema de cómo el Congreso puede y debe intervenir para garantizar justicia y reparación.”
En este sentido, Luque anunció que trabajará para fortalecer las políticas públicas y exigir la creación de mecanismos efectivos de protección para las víctimas de violencia, con el fin de asegurar que reciban la atención necesaria. Además, se comprometió a llevar adelante iniciativas legislativas que incluyan protocolos de salud mental, atención inmediata, y educación integral para prevenir futuras víctimas.
La congresista también criticó la falta de voluntad política para abordar estos temas: “El Congreso, con su agenda negacionista, bloquea debates esenciales como la implementación de la Educación Sexual Integral, que podría prevenir estigmas y educar sobre temas de salud. Mientras tanto, el Ejecutivo, al desmantelar el Ministerio de la Mujer, agrava la crisis de desprotección para la infancia.”
Guiselly Flores, secretaria regional de RedLAC+, y Cynthia, tía de las niñas.
